El Colectivo de Acción Solidaria CAS y sus socios, entre los que se encuentra ASAM estamos defendiendo la INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR POR UNA RENTA BÁSICA .
¿Qué es la
Renta Básica Incondicional?
“La Renta Básica es un ingreso pagado por el estado, como derecho
de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la
sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en
consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de
cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien
conviva.”
Enfatizamos que una RBI no debería reemplazar el estado
de bienestar sino completarlo y transformarlo desde uno compensatorio a uno
emancipatorio.
La Renta Básica Incondicional se define por los cuatro
criterios siguientes: universal, individual, incondicional
y suficiente para garantizar una existencia digna y la participación en
la sociedad.
- Universal: En principio cada persona, independientemente de la edad, ascendencia, lugar de residencia, profesión, etc. tendrá derecho a recibir esta asignación. Por lo tanto, reclamamos una Renta Básica Incondicional en todo el mundo.
- Individual: Cada mujer, cada hombre, cada niño tiene derecho a una Renta Básica de forma individual, y no en base a un hogar o núcleo familiar. La RBI será independiente de sus circunstancias: estado civil, convivencia del hogar, ingresos o propiedad de otros miembros del hogar o de la familia. Esta es la única forma de garantizar la privacidad y evitar el control sobre otros individuos. Permite que las personas tomen sus propias decisiones.
- Incondicional: Consideramos la Renta Básica como un derecho humano que no podrá depender de condiciones previas, ya sea la obligación de aceptar un empleo remunerado, participar en servicios a la comunidad, o comportarse acuerdo a los roles de género tradicionales. Tampoco será objeto de ingresos, ahorros o límites de propiedad.
- Suficiente: La cantidad debe prever un nivel de vida digno, que cumpla con los estándares culturales y sociales de la sociedad del país en cuestión. Debe evitar la pobreza material y ofrecer la oportunidad de participar en la sociedad. Esto significa que la renta neta debe como mínimo, situarse por encima de la línea de la pobreza según los acuerdos de la Unión Europea.
Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Básica
Presentada en
el Congreso de los Diputados el 15 de enero de 2014
Aprobada el día 14 de Marzo de 2014
Artículo 1.
Derecho a la Renta Básica. Se establece el derecho de todo persona, por el
hecho de haber nacido, a recibir una cantidad periódica que cubra sus
necesidades básicas. La Renta Básica se constituye como derecho individual,
universal e incondicional. Disposición transitoria. La cuantía de la Renta
Básica será la equivalente al Umbral de la pobreza fijado en “el 60% de la
mediana de la distribución de los ingresos por unidad de consumo adjudicados a
las personas”, será de 645,33 euros mensuales correspondiendo al último dato
expuesto por EUROSTAT (año 2011), tendiendo a equipararse en los años sucesivos
al equivalente del mismo concepto.
Disposición
Adicional Primera.
Aplicación gradual.
Se establecen dos fases de implementación de la Renta Básica. Una primera fase
que entrará en vigor de forma inmediata tras la aprobación de la presente Ley.
Afectará a todas las personas domiciliadas en el Estado Español e inscritas en
el Servicio Público de Empleo correspondiente a cada territorio, que no tengan
cobertura por desempleo ni dispongan de otros ingresos. De la misma manera
afectará a aquellas personas cuyas rentas, ya provengan de salarios, subsidios
o pensiones públicas, sean inferiores a la cuantía de Renta Básica prevista en
este texto, complementando los mismos hasta alcanzar la cuantía establecida
para la Renta Básica. En la segunda fase, se regulará la extensión de la Renta
Básica como derecho universal, integrando pues al resto de personas.
Disposición
Adicional Segunda.
Los poderes públicos
promoverán la implantación de la Renta Básica en el ámbito del Estado Español y
de la Unión Europea.
Exposición
de motivos
“No somos mercancías
en manos de políticos y banqueros”. En las plazas de todo el Estado, han
resonado durante el año 2011 estas palabras indignadas, expresando el hartazgo de
la ciudadanía.
La crisis multiplica
el número de damnificados por las políticas capitalistas y neoliberales. Ello
ha supuesto que 5.977.500 de personas se encuentren en situación de desempleo
según datos de la EPA del segundo trimestre de 2013; recortes sociales en
sanidad, educación o de ayudas a la dependencia mediante menor asignación
presupuestaria y privatizaciones, entre otras; y un preocupante aumento de la
precarización de las condiciones laborales y los abusos ejercidos sobre los
trabajadores. La carencia de empleo y de ingresos constituye uno de los
principales motivos de desahucios. Según el Consejo General del Poder Judicial,
el número de desahucios (lanzamientos) en 2012 era de 101.034 y para 2013
estima que el 37,5% será motivado por ejecuciones hipotecarias y el 57,7%,
ejecuciones de arrendamiento. Resulta inadmisible que en un estado democrático,
social y de derecho a la vez que el uso y disfrute de una vivienda digna, el
empleo en un trabajo digno y la garantía de suficiencia económica de las
personas son constitucionalmente declarados, se consienta que simultáneamente
existan situaciones en las que a las personas se les prive de ellos.
Mientas tanto, el
Estado reflota a la banca inyectándole cantidades astronómicas de dinero
público, los barrios se deterioran a marchas aceleradas, el número de personas
que no disponen de ningún tipo de prestaciones sociales acrecienta a medida que
se desarrolla el periodo de crisis, el fantasma de la pobreza infantil vuelve a
asomarse en nuestra realidad cotidiana, aumentan las enfermedades mentales y
suicidios, los comedores sociales y programas de alimentos se ven desbordados.
Pobreza, paro, precariedad y marginación se anudan, limitando la libertad real
de millones de personas y expulsándolas a la cuneta, a la exclusión social.
Junto a la pobreza
conocida emergen nuevas formas de marginación y precariedad. En el Estado
Español, la tasa de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social es del
27% para el año 2011 según EUROSTAT. Casi la mitad de los jóvenes se encuentran
en paro, condenados a vivir en casa de sus padres; la emigración acaba
constituyendo la única perspectiva incluso para muchos jóvenes con titulación
universitaria, emigración obligatoria que desde las tribunas del poder se
atreven a afirmar, sin pudor alguno, que constituye una fortaleza para los
jóvenes y para el conjunto del Estado.
En esta situación,
las ayudas no contributivas y las correspondientes a rentas mínimas
establecidas por las instituciones públicas, muy dispares entre los distintos
territorios que conforman el Estado español, muestran descarnadamente su
radical inadecuación a la realidad, se revelan insuficientes para la condición
de habitabilidad digna de las personas y se terminan convirtiendo en una
miserable carrera de obstáculos debido a su excesiva burocratización y a su
condicionamiento a situaciones de emergencia límite que no cubren la situación
de emergencia social generalizada.
A los que mandan se
les llena la boca de palabras como pleno empleo, Estado del Bienestar o
protección social. Y las leyes fundamentales, tales como la Constitución
Española o los Estatutos de Autonomía establecen con solemnidad esos derechos
sociales elementales, que en una gran proporción de los casos no son ejecutados
por su supeditación a la supremacía económica. Ha llegado la hora de exigirles
que cumplan las leyes y que sus hechos se compadezcan de sus bonitos discursos.
Toda la situación
expuesta en este preámbulo supone una flagrante violación del Derecho a la vida
expuesto en el artículo 15º de la Constitución Española y en el 3º de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ello, de la unión de un gran
número de personas ha surgido el “Movimiento Contra el Paro y la Precariedad.
Por una Renta Básica Ya”, apoyado por distintos colectivos y movimientos
sociales, para decir basta y exigir una respuesta urgente a esta situación.
Consideramos que una de las primeras medidas a tomar es la implantación de la
Renta Básica a nivel estatal. En esta propuesta se dan la mano la lucha contra
la marginación social y la pertinencia de dar cauce a un nuevo derecho de
personas, cuya reivindicación se ha ido asentando en los últimos años.
El nivel de pobreza
que ha alcanzado el Estado español se sitúa en el 13,7%, según datos de la
OCDE, y no es previsible una mejora en el medio plazo. De su solución no deben
encargarse las llamadas agencias de caridad, el sector privado, ni el tercer
sector. De lo contrario, esta realidad debe ser entendida como una situación
social y colectiva, de emergencia y estructural, de degradación de las
condiciones de vida. En base a ello, es el Estado el responsable en su eliminación.
Así Renta Básica es
un instrumento factible de erradicación de la pobreza, un mecanismo de reparto
de la riqueza y distribución de la renta, que puede dar seguridad económica a
la población frente a la incertidumbre y la arbitrariedad, permite iniciar
otros modos de vida, fomenta la igualdad de género y contribuye a eliminar los
estigmas sociales. Estimamos que la Renta Básica puede ser un pilar del nuevo
sistema de bienestar y un instrumento útil para defenderse del deterioro de las
condiciones de vida que impone el capitalismo global. Pero, para que constituya
una herramienta de transformación social, es preciso superar la manipulación
que ha sufrido el concepto por parte de los poderes. La Renta Básica que
defendemos no es una limosna, una prestación asistencial, ni un salario de
pobres.
No queremos una
ayuda graciable, mangoneada por la administración de turno, sino un derecho
inherente a la condición de personas. Consideramos la Renta Básica una
propuesta para hacer justicia, no una medida para practicar la caridad pública,
perpetuar los guetos y la segregación social. Defendemos el modelo de Renta
Básica de las Iguales, modelo que vienen defendiendo diversos movimientos
sociales tales como Baladre, así como otros modelos en los que trabajan un gran
número de colectivos y movimientos del Estado español que vienen luchando por
una Renta Básica como un derecho con las características de individualidad
universalidad, e incondicionalidad (o no sujeto al mercado de trabajo) y que ha
sido culminado por una Iniciativa Legislativa Popular autonómica llevada a cabo
por la Plataforma Extremeña contra la Exclusión Social y los Campamentos
Dignidad, contando con un gran consenso de la población. Concebimos la
Iniciativa Legislativa Popular por la Renta Básica como una herramienta para
sacar de la intemperie a miles de personas, pero también para combatir el miedo
y la desmovilización social. “No hay pan para tanto chorizo”, se ha gritado con
rabia en las plazas. No hay dinero para saciar la codicia de los delincuentes
de cuello blanco. Sí hay y debe haber recursos para garantizar una vida austera
pero digna a todas las personas. Por todo lo expuesto, presentamos la
siguiente Iniciativa Legislativa Popular
No hay comentarios:
Publicar un comentario