La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local también conocida como la “Ley Montoro”, es una de
las reformas más importantes emprendidas por el Gobierno actual. Aprobada por
el Parlamento el 27 de diciembre de 2013 y publicada el día 30 en el BOE, su
entrada en vigor es inmediata sin embargo no es un tema que muchos vecinos de
los pueblos a los que les va a afectar sepan, el silencio mediático por un
lado, y las disciplinas de los partidos políticos por otro, hacen invisible su
lento proceso de implementación.
La jornada comenzó a las
11:00 horas con la intervención de Juan Jesús Delgado (concejal del municipio
de Monleras). http://www.monleras.es/
Juan Jesús nos desgranó sabiamente los
antecedentes de la Ley de Reforma Local y las posibles consecuencias nefastas
que puede tener su aplicación.
A continuación
intervinieron Daniel Boyano Sotillo de la comarca de Sanabria (Zamora) http://elhuertodelpozo.blogspot.com.es/
y Jerónimo Aguado de Plataforma Rural. http://www.plataformarural.org/
Unas cuarenta personas nos planteamos, desde
diversas partes de España, el futuro que se nos quiere imponer.
Para muchas
personas que viven en espacios de ciudad ( en adelante , urbanos) , los pueblos
son esos lugares donde dejamos a los niños con los abuelos en verano, o donde
nos vamos de escapada rural, o donde caímos un día de fiesta y sus buenos
habitantes nos invitan a sus bodegas y nos regalan, dadivosos ellos, manjares que
no encontramos en los supermercados: lechugas, tomates de verdad de los de
sabor “a solas con una pizca de sal”, rica gastronomía en cada casa, embutidos
caseros hechos con cariño y mimo y respostería, muy buena y variada respostería,
buen vino, aceite, chuletón, nos enseñan sus huertos, y nos hablan de las
veredas y caminos por donde disfrutar la tan ansiada madre natura…
Pero hay algunos pueblos a los que no
se va, son los despoblados ya, en los que se pierden algunos arqueólogos
nostálgicos o algunos turistas despistados, nadie nos recibe, no hay ni donde
tomar un mísero café. ¿Se preguntaran los turistas y los bienamados
descendientes que guardan sus días de vacaciones para las fiestas del pueblo
que si en invierno no viviera allí nadie, no se cultivara la tierra, no se
cuidara del ganado, no se hiciera matanza, no se limpiaran las rutas que luego
tanto disfrutan los cada vez más animosos al senderismo, no se arreglara la
almazara, la ermita, el horno comunitario, las fuentes los remansos de los ríos
para un buen baño….no podrían disfrutar de ni un solo día de festejo veraniego
o vacacional?
Hace años en una lucha para que
hubiera Colegios Rurales Agrupados para que no se nos llevaran a nuestros hijos
a la temprana edad de 12 años a estudiar a la capital de provincia decíamos
¡LOS PUEBLOS PARA TODO EL AÑO Y NO SOLO PARA EL VERANO!. Veinte años después
estamos en las mismas, perdón, peor.
Pero cualquiera, o muchos de esos mismos
visitantes del medio urbano, cuando leen artículos sobre gasto público
(escolar, servicios sociales, centros de salud) se llevan las manos a la cabeza
con la ratio (obvio, un aula con seis niños cuesta más que un aula con 30) y
pueden creer a pies juntillas aquello, tan y tan manido por los medios, los
políticos y sus dueños de que si hubiera
menos concejales, menos pueblos, menos gente viviendo en ellos, y menos
alcaldes…. ahorraríamos TODOS. Craso error.
Hay un término
en estos pueblos de las sierras salmantinas que caracteriza bien lo que han
durante siglos y siguen haciendo sus habitantes : CONDURAR, gastar , tiempo,
trabajo, economía de medios y recursos lo justito para que dé si lo que
tenemos.
Es el medio rural, sus habitantes, los que
siguen cuidando de la biodiversidad española, de la que tanto nos gusta
alardear en Europa, los que siguen cuidándola en los parques naturales, los que
mantienen esas tradiciones que se convierten en fiestas de interés turístico nacional
(un porcentaje elevadísimo de pueblos) o internacional( aquí ya hay menos
pueblos….) los que paran los incendios que podrían acabar con todo, los que
guardan la semilla de la biodiversidad. Eso si, resulta caro tener servicios, tener
escuelas, consultorios médicos, servicios sociales de proximidad, y a
concejales y alcaldes que viven de su trabajo y no gastan para sí mismos ni un
euro del erario público (a menos que no sean diputados provinciales que aquí ya
es muy otra la canción). Somos población de tercera.
Extraído de la
ponencia de Juan Jesús Delgado, concejal de Monleras, Salamanca que podéis
encontrar integra más arriba. hablemos con datos, cuantos municipios y cuantas
personas se verán afectadas por esta reforma:
·
En
España existen 8.119 municipios y 3.720
entidades locales menores (2.227 en Castilla y León).
·
En
Castilla y León existen 2.248 municipios.
·
De
ellos unos 1.000 tienen menos de 100 habitantes.
·
Casi tres veces más (2.759 municipios) tienen
entre 100 y 500 habitantes.
·
Y 1.062 están entre 500 y 1.000 habitantes)
Es decir, un total de 4.862 municipios españoles cuentan con menos de 1.000 habitantes, lo
que supone un 60 % del total de municipios y en población representa casi un millón y medio.
La gran mayoría (7.717 municipios), el 95 %
del total, no llegan a 20.000
habitantes, lo que según el Ministerio de Hacienda los hace “ineficientes en la
prestación de servicios a sus ciudadanos”:
·
Una
de cada cinco españoles es integrante del medio rural, el 20% de la población .
Dicho así
resulta obvio que el 20% de la población española (que también paga sus
impuestos religiosamente) se la discrimina por razón de donde reside. Ni
tenemos los mismos servicios que el medio urbano ni con esta nueva Ley se va
por la vía de obtenerlos.
La nueva ley de reforma local se
propone la supresión o la eliminación de competencias de la inmensa mayoría de
los municipios. Lo que para nosotros es
una riqueza cultural, un valor humano, una identidad comunitaria, una administración
cercana y sensible a las necesidades sociales, un ejemplo de buenas prácticas,
un reducto de lo alternativo, es para ellos una mera cuestión de rentabilidad
económica.
.
La justificación que hacen es esta: no son sostenibles económicamente, hay
que recortar gastos.
En la Exposición de Motivos de la Ley,
se alude a “la reforma del artículo
135.3 de la Constitución española, realizada con urgencia en el año 2011, que
consagra como objetivo número uno de la política del Estado la “estabilidad presupuestaria”.
La ley se presentaba como solución
ante el déficit y endeudamiento de los municipios.
Pero, ¿cuál es realmente la deuda de
los pequeños Ayuntamientos? La
inmensa mayoría de los pequeños ayuntamientos y entidades locales menores no
están endeudados, han gestionado bien sus recursos y han obrado con
bastante sensatez y sentido común.
Más datos:
La deuda total de las Administraciones
Públicas asciende a 774.549 millones de euros. La mayor parte de esta deuda
corresponde a la Administración General del Estado (592.572 millones de euros,
20 veces más que la deuda municipal). La deuda total de las Comunidades
Autónomas alcanza los 145.118 millones y la de las Diputaciones asciende a
7.195 millones.
La reforma local de 2013 es hija directa de la
reforma constitucional de 2011 y está marcada por una obsesiva idea: asegurar
el control fiscal y financiero en el sector público local. Así se dice
expresamente en sus objetivos:
-
Clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con
otras Administraciones.
- Racionalizar la estructura
organizativa de la Administración Local de acuerdo con los principios de
eficiencia y sostenibilidad financiera.
-
Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso sobre los
Ayuntamientos.
- Favorecer la iniciativa económica
privada.
El proceso que se ha seguido con esta
Ley ha sido un ejemplo de falta de transparencia y de respeto a los principios
democráticos. Es una ley hecha al margen de los ciudadanos, al margen de los
problemas de los ciudadanos. No se ha contado con la opinión de los municipios,
ni siquiera se les ha informado del contenido de una ley que les afecta de
lleno. Se ha legislado desde un desconocimiento absoluto de la realidad de
nuestros municipios y desde un desprecio del mundo rural, considerado como algo
residual, un problema que eliminar. Con maneras autoritarias se han
desautorizado las voces críticas de los sabios y entendidos, y se han acallado
las protestas de alcaldes y concejales, que las ha habido incluso en las filas
del partido en el gobierno. (Desde el
propio partido se han introducido algunas enmiendas que han limado algunos de
los aspectos más controvertidos de la ley). En los medios de comunicación
social, controlados mayoritariamente desde el poder, apenas ha aparecido la
protesta, que la ha habido. Se ha escamoteado al debate democrático una
decisión tan trascendental para el futuro de los municipios y para la propia
supervivencia del medio rural: no se ha debatido ni siquiera en el pleno del
Congreso, sino en una comisión reducida
Aspectos
fundamentales
- Recorte
de las competencias en los municipios con población inferior a 20.000
habitantes, . A los Ayuntamientos, que son la Administración más
cercana y sensible a los ciudadanos, se les deja prácticamente sin competencias
se les quitan:
·
competencias
medioambientales
·
los
servicios sociales,
·
los
pueblos de menos de 5000 habitantes pierden los servicios de bibliotecas,
mercados, actividades culturales, etc., de modo que quedan para organizar las
fiestas con el dinero que les dejen, y poco más.
En cambio, se
entrega el poder local a las Diputaciones, que son organismos poco
democráticos: la gestión de basuras, alcantarillado, agua, pavimentación de
calles, limpieza viaria, alumbrado público (competencias básicas de los
Ayuntamientos), si estos no las gestionan “eficientemente”.
-
Reducción drástica, en un tercio,
del número de concejales, que finalmente parece que no se
llevará a cabo.
-Desaparición
de Entidades Locales Menores.
Son
las más directamente amenazadas. Podrán ser suprimidas si no presentan sus
cuentas en tiempo establecido, si el Ayuntamiento del que dependen se
endeudara, etc. La desaparición de las Juntas Vecinales supone eliminar núcleos
con muchos siglos de historia y acabar con el control de la gente sobre su
territorio. Las Juntas Vecinales, herederas de los Concejos, suponen un modelo
de organización democrática donde los vecinos, reunidos en asamblea abierta,
deciden, de modo directo, cómo gestionar el patrimonio común. Gestionan los
montes comunales y el reparto de la leña, los pastos para el ganado, etc. En
algunas provincias el territorio que gestionan es muy extenso, por ej. En León,
en la que el 55 % de la superficie provincial está en manos de las Juntas
Vecinales. (Existen casi 4 millones de hectáreas de patrimonio comunal que
hunde sus raíces en la Alta Edad Media y que ha permitido sobrevivir a muchas
generaciones). Los bienes públicos y comunales de las ELM pasarían a ser
gestionados por los municipios que los absorbiesen, que podrían venderlos.
- Se
introducen medidas para fomentar la fusión voluntaria de municipios: recibirán
más financiación, tendrán preferencia en la asignación de subvenciones o
inversiones…Por el contrario, los municipios de menor población recibirán menos
financiación. Es decir, aunque no se impone, en la práctica no quedará otra
alternativa que “pasar por el aro”.
-Reforzamiento
de las Diputaciones, que asumen muchas de las competencias municipales. El reforzamiento de las Diputaciones,
que son organismos poco democráticos,
conllevará la supresión de mancomunidades y previsiblemente se privatizará
la prestación de servicios, alejando la creación de empleo de los pueblos,
encareciendo los precios, facilitando la corrupción política.
-Privatización
de servicios
(Privatización
de servicios públicos municipales, estableciendo un “coste efectivo” fijado por
Hacienda, no por el Ayuntamiento)
- Por último, se pretende favorecer la iniciativa económica privada, (limitando el uso de autorizaciones
administrativas a los Ayuntamientos para iniciar una actividad económica a
casos muy puntuales y justificados.) Muchos Ayuntamientos se han embarcado en
proyectos de desarrollo local y comunitario, buscando generar posibilidades de
vida y trabajo en el municipio a partir de los recursos con que cuentan. Se
pretende poner freno a la iniciativa comunitaria, apostando por las empresas
privadas.
Las
consecuencias
-Pérdida de autonomía de los pueblos, pérdida de
control sobre el territorio y sus recursos. De hecho, este control
presupuestario y fiscalización de gastos ya se está ejerciendo de forma muy
poderosa. Supone un regreso a la tutela franquista sobre los Ayuntamientos:
dejan de ser instituciones autónomas para ser gestores al dictado de otros.
Supone el fin del municipalismo que conocemos.
-Déficit democrático. En los
Ayuntamientos se vive de manera más cercana y directa la democracia. Muchos de
ellos han mantenido o promovido experiencias de participación popular sumamente
interesantes. Los alcaldes y concejales en la mayoría de los casos desempeñan
su labor como tales en total gratuidad, como un servicio al pueblo. Con la
actual ley, el papel de los Ayuntamientos se limita a ser meros gestores
administrativos, sin capacidad de tomar decisiones políticas.
-Alejamiento de la Administración: el
desprecio al valor de la proximidad. Las Entidades Locales están
cercanas a los ciudadanos, conocen la realidad que pisan y saben de los
problemas y necesidades de los vecinos. Por eso precisamente son más proclives
a facilitar servicios a los vecinos, ponen rostro humano a sus decisiones,
buscan ante todo la rentabilidad social y no exclusivamente el equilibrio
financiero.. Ejemplo claro son los servicios sociales que, desde la proximidad,
ofrecen muchos Ayuntamientos (ayuda a domicilio, atención de personas mayores,
promoción comunitaria).
Aunque
obviamente no se dice, en las entretelas de la Ley la idea de proximidad se
iguala falazmente a despilfarro local. Lo que está próximo al ciudadano se
equipara con el despilfarro. Y esto hay que desenmascararlo, pues justamente
los pequeños pueblos son los que están haciendo una gestión más efectiva de sus
recursos.
-El desmantelamiento de servicios del mundo
rural.
El gran problema que vive el mundo
rural es el proceso de despoblación imparable.
Esta reforma supone un paso más en la
dirección de desmantelamiento del mundo rural al que estamos asistiendo. La
supresión de competencias de los Ayuntamientos y Entidades Locales reducirá a
mínimos los servicios sociales, educativos, culturales y de todo tipo. Los
pueblos se limitarán a garantizar el suministro de agua, recogida de basuras y
mantenimiento de calles, pero no podrán ofrecer los servicios más sociales, que
son los que fijan y unen más a la población al territorio: ni la escuela, ni la
guardería, ni el consultorio médico, ni la ayuda a domicilio, ni la pequeña
residencia para mayores, ni la atención a discapacitados, etc (todo eso se
centralizará en el núcleo urbano más próximo).
-La privatización y recorte de servicios
municipales supondrá: precariedad, menor calidad y pérdida de puestos de
trabajo. Se calcula que
se perderán unos 200.000 puestos de trabajo, a los que hay que sumar la pérdida
de empleos indirectos.
-El expolio del mundo rural. La consecuencia de todo esto es
clara: más abandono de los pueblos y más despoblamiento. No aporta nada positivo
a la situación actual y, sin embargo, pone en gravísimo riesgo la supervivencia
misma de miles de pueblos.
Creemos que dicho proyecto va a producir un efecto devastador sobre
las poblaciones y los territorios rurales de nuestro país, convirtiéndose en
una decisión estratégica equivocada y con muy graves consecuencias para las
generaciones futuras.
Dejamos
en el ánimo y en entendimiento de todo aquel que lea estas líneas la reflexión
oportuna.
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